Nuevos informes técnicos incorporados a la causa judicial revelan pagos duplicados, insumos facturados a precios absurdos y al menos un caso donde la ayuda nunca llegó a quien la necesitaba.
Un elemento ortopédico que figura en los registros como "entregado" pero que jamás llegó a manos de su destinatario resume, mejor que cualquier cifra, lo que está en juego en la causa ANDIS. Detrás de cada expediente, de cada informe técnico y de cada porcentaje de sobreprecio, hay una persona con discapacidad esperando un insumo que le devuelva autonomía, movilidad o calidad de vida. Cuando ese insumo no llega, o llega tarde, o llega mal facturado, el daño no es solo administrativo: es un daño concreto sobre el cuerpo y la vida cotidiana de alguien.
Los nuevos informes incorporados a la investigación judicial sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad detectaron diferencias de precios que llegan hasta el 1.972% entre lo que efectivamente costaban los insumos médicos y ortopédicos y lo que terminó pagando el Estado. A esto se suman indicios de pagos duplicados por las mismas prestaciones, un patrón que en cualquier organismo público debería encender alarmas inmediatas, pero que en el área de discapacidad adquiere una gravedad adicional: cada peso mal gastado es un peso que no llegó a quien más lo necesitaba.
Para las familias del interior del país, que ya conviven con las dificultades de acceder a turnos, especialistas y centros de rehabilitación lejos de sus provincias, este tipo de irregularidades golpea doblemente. No se trata de una discusión abstracta sobre números en Buenos Aires: se trata de la prótesis que no llegó a un chico o una chica en Salta, del andador que se demoró meses, de la silla de ruedas que nunca se entregó pese a estar "facturada". La distancia geográfica ya es una barrera; la corrupción en la gestión de estos recursos multiplica esa barrera y la convierte en un obstáculo casi insalvable para quienes menos margen tienen para esperar o reclamar.
Lo que la Justicia está reconstruyendo con estos informes técnicos no es solo un entramado de sobreprecios y facturación irregular, sino el retrato de un sistema que, en lugar de proteger a las personas con discapacidad, las convirtió en variable de ajuste o en excusa contable para maniobras que nada tienen que ver con su bienestar. La causa ANDIS sigue sumando pruebas, pero el dato más urgente no es judicial: es humano. Mientras se discuten porcentajes y expedientes, hay personas muchas de ellas en provincias como Salta que continúan esperando lo que el Estado debió garantizarles desde el primer día.
