Frente a la denuncia que circuló sobre una institución educativa creada para designaciones irregulares, la cartera educativa provincial salió a aclarar que el establecimiento existe formalmente por decreto y rechazó las versiones de "cargos truchos".
La denuncia generó preocupación en el ámbito docente y en las familias salteñas: se hablaba de una escuela fantasma que habría concentrado hasta 300 cargos docentes sin funcionamiento real, una acusación que, de confirmarse, hubiera significado un uso irregular de recursos públicos destinados a la educación en un contexto donde cada cargo docente representa, en muchos pueblos y parajes del interior, la diferencia entre que un aula tenga maestro o quede vacante.
Ante la repercusión, desde el Ministerio de Educación de Salta salieron nuevamente a desmentir esa versión. Según explicó Fiore, no hay escuela fantasma, remarcando que la institución cuestionada existe formalmente por decreto y que no responde a ninguna estructura ficticia armada para realizar designaciones irregulares. La aclaración busca despejar dudas sobre la legalidad del establecimiento y sobre el destino de los cargos que motivaron la denuncia original.
El episodio, más allá de la desmentida oficial, expone una tensión que no es nueva en el sistema educativo provincial: la falta de información clara y accesible sobre la creación, el funcionamiento y la ubicación real de las instituciones educativas, especialmente aquellas que no están en los centros urbanos sino distribuidas en el vasto territorio salteño. Para un docente que aspira a un cargo, o para una familia que necesita saber si su escuela rural tiene la planta funcional completa, este tipo de denuncias se confirmen o no erosionan la confianza en un sistema del que dependen a diario.
Desde una mirada federal, el caso también interpela sobre cómo se comunican las políticas educativas desde la capital provincial hacia el interior. Cuando una denuncia de esta magnitud circula sin que existan canales claros y permanentes de verificación pública listados accesibles de escuelas, cargos y designaciones, es la comunidad educativa del interior la que queda más expuesta a la incertidumbre, lejos de los despachos donde se dirimen estas discusiones. La aclaración de Fiore es un paso, pero la demanda de fondo sigue siendo la misma: transparencia sostenida y no reactiva, que no dependa de que estalle una denuncia para que el Ministerio explique cómo y por qué existe cada institución educativa de la provincia.
