La Justicia dictó su veredicto en una de las causas de corrupción más resonantes vinculadas a la vivienda social. Mientras algunos responsables directos del desfalco fueron condenados, otros funcionarios y exfuncionarios provinciales quedaron libres de culpa.
Sergio y Pablo Schoklender, junto a Fatala y López, recibieron condena por su rol en el escándalo que hizo estallar al programa Sueños Compartidos, la iniciativa de construcción de viviendas populares que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo con financiamiento del Estado nacional. En contraste, Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación Federal durante los años en que se ejecutó el plan, fue absuelto en esta causa, un dato que reabre el debate sobre las responsabilidades políticas en el manejo de fondos públicos destinados a sectores vulnerables.
La lista de absoluciones no se agota en De Vido. También quedaron libres Carlos Castellano, exfuncionario del propio Ministerio de Planificación, Daniel Freidin, exasesor de Fatala, y el matrimonio conformado por Daniel y Karina Nasif, ambos exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero. La disparidad entre quienes cargan con una condena y quienes fueron desligados de responsabilidad penal deja en evidencia lo compleja que resulta la Justicia argentina para reconstruir cadenas de mando y decisión en causas de corrupción con ramificaciones nacionales y provinciales.
Para las familias del interior del país, este tipo de causas no son un dato de tribunales lejano ni un capítulo cerrado del pasado. Sueños Compartidos fue, en su momento, una promesa concreta de techo propio para miles de hogares humildes, muchos de ellos en provincias del norte donde el déficit habitacional golpea con particular dureza. Cuando esos fondos se desviaron o se administraron con opacidad, quienes pagaron el costo real no fueron los funcionarios de escritorio, sino las familias que esperaron años una vivienda que nunca llegó, o que recibieron obras a medio terminar, mal ejecutadas, en barrios donde el Estado suele llegar tarde y mal.
El fallo, más allá de sus tecnicismos judiciales, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que atraviesa al federalismo argentino: por qué los grandes escándalos de corrupción en políticas sociales rara vez alcanzan a quienes ocupaban los cargos de mayor jerarquía política, mientras que la ejecución operativa muchas veces delegada en provincias y organizaciones intermedias concentra las condenas. Para Tartagal y el norte salteño, donde los planes de vivienda social siguen siendo una necesidad urgente y no un lujo, este tipo de antecedentes refuerza la desconfianza hacia los grandes programas nacionales y la exigencia de controles más estrictos, transparentes y con participación real de las comunidades beneficiarias.
