El Presidente firmó los decretos que confirman a camaristas, jueces, fiscales y defensores con acuerdo previo del Senado. La medida busca destrabar cargos vacantes en distintos fueros, una deuda histórica que golpea especialmente a las provincias del norte argentino.
El presidente Javier Milei firmó este martes las designaciones de 63 funcionarios judiciales camaristas, jueces, fiscales y defensores públicos cuyos pliegos ya habían obtenido el acuerdo del Senado. Los decretos fueron publicados en el Boletín Oficial con la firma conjunta del mandatario y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y representan uno de los movimientos más importantes en materia de cobertura de cargos judiciales desde el inicio de la actual gestión.
Según el detalle oficial, la nómina incluye 42 magistrados, nueve fiscales y 12 defensores públicos, distribuidos en distintos fueros y jurisdicciones de todo el país. Se trata de un paquete de nombramientos que venía demorado en distintas instancias del proceso constitucional selección por concurso, propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo senatorial y que ahora queda formalizado con la firma presidencial, paso final para que estos funcionarios puedan asumir efectivamente sus cargos.
Detrás de la frialdad de un número 63 designaciones hay un dato que trasciende lo administrativo: la vacancia judicial es, desde hace años, uno de los principales cuellos de botella para el acceso a la Justicia en la Argentina. Juzgados y fiscalías sin titular suelen funcionar con jueces subrogantes, que atienden causas de más de un tribunal a la vez, lo que se traduce en expedientes más lentos, audiencias postergadas y una Justicia que llega tarde para quien espera una sentencia, una reparación o una resolución en un conflicto laboral, penal o de familia. Cubrir estos cargos con titulares definitivos no es un trámite menor: es una condición básica para garantizar el derecho constitucional a una Justicia oportuna.
La designación de 63 funcionarios judiciales puede representar un paso importante para comenzar a reducir una de las deudas más persistentes del sistema de Justicia argentino: la falta de cobertura de cargos. Pero el verdadero impacto de esta decisión no se medirá por la cantidad de decretos firmados, sino por la capacidad de esos nuevos magistrados, fiscales y defensores para acelerar procesos, garantizar derechos y acercar respuestas concretas a quienes esperan durante años una resolución judicial.
En el interior del país, donde las distancias, la falta de recursos y la concentración de organismos judiciales pueden profundizar las desigualdades, cubrir las vacantes adquiere una dimensión todavía mayor. Para una persona que reclama por un conflicto laboral, una causa de familia, una denuncia penal o una reparación, una Justicia que funciona lentamente no es una cuestión burocrática: puede significar meses o años de incertidumbre.
El desafío, entonces, recién comienza. Una Justicia con menos vacantes puede ser una Justicia más cercana, pero solo si las designaciones vienen acompañadas de recursos, infraestructura, personal y políticas que permitan que los tribunales funcionen efectivamente. Para las provincias del norte argentino, la verdadera noticia será cuando esa decisión nacional se traduzca en algo tangible: menos demora, mayor acceso y respuestas judiciales que lleguen a tiempo para quienes más las necesitan.
